La memoria democrática, a la espera.

España es el segundo país del mundo con más víctimas de desapariciones forzadas. Más de 140.000 personas continúan, desde el año 1936, desaparecidas en nuestro país, llenando cunetas y fosas comunes de dolor, injusticia y vergüenza. Del dolor de todos aquellos a los que les fue arrebatado un familiar, un amigo, un vecino… únicamente por oponerse al fascismo que atenazaba a este país. De la injusticia que vivieron todos aquellos que fueron represaliados por defender a los trabajadores, por defender los derechos de aquellos que hasta entonces habían tenido poco o nada, por defender la República y los valores que representaba. Y de la vergüenza que produce vivir en un país que no hace nada por reparar el sufrimiento de esas personas que murieron y de las que vivieron, desde ese momento, una muerte en vida; vergüenza de vivir en un país al que se le acaba el tiempo para conseguir que quienes sufrieron en sus carnes los terrores del régimen franquista logren la verdad, la justicia y la reparación que ya no sólo piden ellos, sino que también son reclamadas por la propia Organización de Naciones Unidas.

El pasado mes de julio el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas presentó un demoledor informe tras conocer de primera mano la situación de España que en pleno siglo XXI continúa mirando hacia otro lado y haciendo oídos sordos cuando se habla sobre las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista. Dicho informe da al gobierno un plazo de 90 días para que indique las medidas que llevará a cabo para resarcir a las estas personas, víctimas de un régimen que sumió a este país en desesperación, ruina, hambre e injusticia. Esos 90 días finalizan este mes de octubre sin que, a día de hoy, el gobierno haya indicado aún sus líneas de actuación este asunto.

En el año 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a abolir la Ley de Amnistía de 1977 aprobada durante la transición, así como a investigar los crímenes franquistas; hace seis años España hizo caso omiso a la ONU permitiendo de este modo, que amparados en esa Ley, continuaran viviendo impunemente aquellos que cometieron las mayores atrocidades en la historia reciente de nuestro país. Es presumible que seis años después, el gobierno de España vuelva a “desoir” las recomendaciones de Naciones Unidas, dejando sepultadas en las, hasta ahora localizadas, 2.246 fosas comunes y en las cientos de cuentas que llenan nuestra geografía los deseos de justicia de más de 140.000 familias para las que tanto el tiempo como la esperanza se van terminando.

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